Edward Veras-Vargas

Con febril entusiasmo, sectores muy bien intencionados de la prensa, al igual que legisladores y otros servidores públicos, exigen medidas extraordinarias para frenar el auge que ha tomado en nuestra media isla una nueva modalidad para introducir estupefacientes: el “bombardeo”. A través de este mecanismo, los temerarios narcotraficantes violan nuestro espacio aéreo a bordo de aeronaves civiles, y volando al ras del suelo para evitar los radares, dejan caer droga en pacas que son recogidas por sus cómplices en tierra, quienes se encargan de organizar el próximo trayecto del nocivo producto ilícito, que usualmente está destinado a los Estados Unidos o a Europa. En la búsqueda de una respuesta, el Estado dominicano se apresta a la adquisición de nuevos aviones de guerra (Los famosos 8 Súper Tucanos, fabricados por Embraer, en Brasil), con la marcada intención de proteger el territorio nacional de esas incursiones clandestinas. Haciendo abstracción de la crítica hecha por el Senador de Sa

La crónica policial de la prensa dominicana es un parámetro más o menos objetivo que nos permite arribar a una conclusión que todo el mundo sospecha y proclama: la delincuencia “campea por sus fueros” en nuestro país, y los esfuerzos de nuestros órganos encargados de la prevención y persecución del delito no parecen estar en condiciones de dar la respuesta contundente que nuestra sociedad reclama contra el “flagelo de la delincuencia”. Si bien lo anteriormente dicho constituye una “verdad de Perogrullo”, su proclamación suele acompañarse de una afirmación que parte de una premisa totalmente falsa: “la culpa es del ‘nuevo’ Código Procesal Penal". No solo es falsa esa afirmación por llamarle nueva a una norma jurídica votada en el año 2002, sino porque, como lo sugiere el intitulado de estas breves líneas, el problema no es la norma jurídica utilizada para investigar y hacer enjuiciar los ilícitos penales, sino la cultura de los operadores del sistema en general (jueces, fiscales, a