Ir al contenido principal

La “autopista” Duarte

Era el año de 1998. Atrás quedaban varios años durante los cuales conductores y pasajeros habían padecido de lodazales, desvíos, precipicios, etc. La autopista Duarte era reinaugurada, y el resultado parecía “insertarnos en la modernidad”. Al menos dos carriles de ida y dos de vuelta, que a veces se extienden hasta a cuatro, además de un pavimento perfecto y profusamente señalizado, nos hacían sentir que “estábamos en otro país” y nos invitaban a desplazarnos sintiéndonos seguros y plácidos. Aún durante la noche, dada la correcta iluminación, conducir por la única autopista nacional que merecía ese apelativo era una nueva y deleitante experiencia.

Se había superado la condición de “avenida inter-urbana”, que atravesaba La Vega, Bonao y Villa Altagracia, para tener en lo adelante una vía que bordeaba esas localidades. Sin embargo, nuestra colectiva afición por la conducta del cangrejo pudo más que el afán de modernidad de algunos ciudadanos, y diez años después contemplamos impávidos cómo el concepto de autopista se ha desvanecido y ausentado de la infraestructura vial que nos ocupa, con el concurso de algunos ayuntamientos cuya existencia sólo es posible en un Estado completamente atomizado y fragmentado.

Así vemos cómo nuestra principal “autopista” cuenta con sendos semáforos en los pseudos municipios de Piedra Blanca y Pedro Brand, al igual que unos cuantos otros en las entradas de Santo Domingo y Santiago, que constituyen un peligro para todo aquel que utilice esa vía de comunicación, a la vez que sientan un funesto precedente y constituyen una contradicción con los motivos que justificaron la ampliación de esa carretera. Cómo oponerse entonces a que cualquier otro municipio haga instalar nuevos semáforos en esa carretera, si ya otros municipios lo han hecho sin la oposición de nadie. Esperemos entonces nuevos “indicadores tricolores” en otros municipios del camino, tales como Villa Altagracia, Puñal, La Cumbre, etc., y con ellos un aumento significativo (e innecesario) en el gasto de combustible, un incentivo a que esos municipios sigan creciendo hacia la autopista que tanto nos costó sacar de su interior, con las consecuentes molestias y riegos para los ciudadanos que habitan en esos lugares, y para los que simplemente van de paso por la carretera.

Somos testigos cada día de la progresiva aparición de “cráteres” en el asfalto, que perduran durante años, a pesar del pago de un peaje (el más concurrido del país), supuestamente destinado al mantenimiento de esa ruta. La señalización del pavimento brilla por su ausencia, pues la gran mayoría de los tramos presentan únicamente el gris del asfalto, y ninguno de ellos cuenta con las señales luminosas reflectoras (los llamados “ojos de buey”), prácticamente indispensables para conducir en ausencia de la luz solar. Pero todo lo anterior palidece ante la avasallante presencia de decenas de retornos improvisados y sin señalización usados por conductores inescrupulosos, donde centenares de ciudadanos han “encontrado” la muerte o, en casos afortunados, tan “solo” una lesión, durante aparatosos accidentes.

En fin, en su décimo aniversario, ni la autopista (valga la prosopopeya o personificación) ni sus usuarios tenemos motivos para celebrar, sino más bien para sentirnos preocupados por la profunda involución que la afecta, por el descuido de las autoridades y la aparente falta de interés de la mayoría de los afectados.

Propongo un rescate inmediato de la autopista Duarte, bacheando los hoyos que la han “poblado”, retirando los insólitos semáforos que entorpecen la circulación a través de ella, destruyendo los retornos y pasos improvisados, todo ello en adición a la intervención legislativa para imponerle a los municipios que circundan la vía limitaciones que desincentiven el crecimiento de sus poblaciones hacia la misma. Propongo de igual modo que revisemos la inversión de los recursos pagados en los peajes. Asumamos que por el peaje pasan exclusivamente vehículos livianos, de los que pagan RD$30.00 por ese derecho. Si pasaran por el peaje de la autopista Duarte unos 30,000 vehículos al día (apenas 1,250 vehículos por hora y 20 por minuto), se generarían unos RD$900 mil pesos de ingresos diarios. Si ese dinero se invirtiera religiosamente en la vía, la diferencia se notaría. Pero además, si se empezara a cobrar el peaje en el sentido Santiago – Santo Domingo, en la estación cercana a La Vega que tiene meses a la espera de entrar en servicio, los ingresos podrían ser mucho mayores. Sólo hace falta invertir los fondos disciplinadamente en lo que deben de invertirse: en la propia carretera en donde se generan. De lo contrario no tendría sentido que a la población se le cobre por el uso de la carretera. Ojalá que aparezca un doliente…

Comentarios

  1. Ya que usted tomo la cuestión de las vías de comunicación vial y su estado actual, pienso que es mi deber el hacerles un cuento de hadas llamado “La Circunvalación Norte”. Esta historia comenzó hace más de diez años y muchos creen que es un mito, una leyenda urbana. Cuando le hago la anécdota a mis amistades sobre un misterioso camino, semi-mitico a la par con los minotauros y las sirenas de la Odisea. Le relato, a quien tenga la bondad (y el aburrimiento) de escucharme que según cuentan los ancianos ésta vía permitiría que quien viaja de Santo Domingo a la costa norte no tuviese que cruzar a Santiago. Aquí es donde deja de burlarse mi público y cesan de mirarme con cara burlona y comienzan a observarme con cara de curiosidad. Les sigo diciendo sobre las virtudes de dicha mágica vía, y les cuento que esto haría que pudiésemos ahorrar una gran cantidad de combustible, y por consecuencia dinero, si pudiésemos utilizarla, no solo a los viajeros que transitan de la costa sur a la costa norte y viceversa, sino también a los residentes de Santiago que verían descongestionarse sus avenidas y calles de los conductores que tiene que internarse en un sin número de semáforos y de los indeseables camiones que no fueron construidos para la vía urbana. Luego audiencia deja de verme con cara curiosa y comienzan a verme con cara de esperanza, y donde se me parte el corazón ya que es en ese momento que debo informarles que dicho mito es nada más que eso, un mito, una leyenda urbana.

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

¿Son anulables todos los contratos celebrados por el Estado con abogados? Análisis de un precedente sospechoso. Por Edward Veras-Vargas

Al dar inicio a esta breve colaboración, debo aclarar que se trata de un requerimiento de la dirección de este medio escrito, y no de uno de esos tantos trabajos que –de forma espontánea- quienes deseamos escribir sobre derecho le enviamos, y que gentilmente acoge en sus páginas Gaceta Judicial. Esta aclaración se hace porque algunos lectores podrían llegar a pensar –de manera errada- que este trabajo no es más que la prueba de que “la herida sangra”, toda vez que el autor fue el abogado contratado por una institución pública en el año 2012, mediante un contrato de cuota litis que se intentó satanizar a través de los medios de comunicación, con un despliegue de recursos nunca antes visto, y que fue impugnado ante el Órgano Rector de las Contrataciones Públicas instituido por la Ley núm. 340-06, modificada por la Ley núm. 449-06. Dicho lo anterior, y precisando que –como las decisiones de los órganos administrativos y judiciales se bastan a sí mismas- no nos sentimos descalific

La responsabilidad civil por las actuaciones del ministerio público.

Resumen: La Ley Orgánica del Ministerio Público ha adoptado en su artículo 20, como parte del Principio de Responsabilidad que gobierna sus actuaciones, un régimen de responsabilidad civil de sus miembros y del Estado, por las faltas en el desempeño de la función, que no tiene ningún precedente en la República Dominicana. La pieza le brinda una única acción al perjudicado, y la misma debe dirigirse a la jurisdicción contencioso administrativa, tanto contra el Estado como en contra del “funcionario”. Al estudiar los precedentes en Francia, y al analizar más cuidadosamente el texto, el autor sugiere que tal vez fue un error adoptar este régimen en el país, por ser más acorde a los funcionarios del Poder Ejecutivo, entre los cuales no están los miembros del Ministerio Público. Palabras clave: Ministerio Público, principio de responsabilidad, responsabilidad civil, funcionario, falta civil, falta administrativa, falta penal, tribunal contencioso administrativo, Constitución, Poder Judici

La fiebre no está en la sábana...

La crónica policial de la prensa dominicana es un parámetro más o menos objetivo que nos permite arribar a una conclusión que todo el mundo sospecha y proclama: la delincuencia “campea por sus fueros” en nuestro país, y los esfuerzos de nuestros órganos encargados de la prevención y persecución del delito no parecen estar en condiciones de dar la respuesta contundente que nuestra sociedad reclama contra el “flagelo de la delincuencia”. Si bien lo anteriormente dicho constituye una “verdad de Perogrullo”, su proclamación suele acompañarse de una afirmación que parte de una premisa totalmente falsa: “la culpa es del ‘nuevo’ Código Procesal Penal". No solo es falsa esa afirmación por llamarle nueva a una norma jurídica votada en el año 2002, sino porque, como lo sugiere el intitulado de estas breves líneas, el problema no es la norma jurídica utilizada para investigar y hacer enjuiciar los ilícitos penales, sino la cultura de los operadores del sistema en general (jueces, fiscales, a