El mundo sufre cada día las consecuencias una profunda crisis financiera, causada por los altos costos de la energía y por la explosión de la burbuja especulativa con las hipotecas basura o “sub-prime”. Dentro de esa crisis y sus secuelas, cabe destacar el desgano con que algunas de nuestras autoridades se conducen, dando la espalda a la realidad antes descrita, que impone una cultura del ahorro y un uso racional de los recursos del Estado.
Uno de los aspectos más desafortunados del manejo histórico y actual de los fondos públicos está relacionado con la publicidad de las diferentes dependencias del Estado Dominicano, que es utilizada en algunos casos, de manera irresponsable, para ganar la buena voluntad de medios de comunicación y periodistas.
No abogo aquí en pro de la supresión absoluta de la publicidad estatal. Sin embargo, propongo un análisis concienzudo de cada comercial de televisión, radio o prensa escrita, para determinar si es útil a nuestra sociedad realizar esa inversión, o si, por el contrario, la difusión de ese material no es más que otra manera de desangrar las expoliadas arcas de nuestra imperfecta nación caribeña.
Es comprensible, por ejemplo, que el Estado difunda las informaciones relativas a los nuevos trámites instituidos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos. En este renglón, no hay cuestionamiento a la labor de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas, cuando les informan a los contribuyentes la creación de formularios diferentes, que simplifican la liquidación de aranceles e impuestos, o cuando hacen de su conocimiento la existencia de lugares alternativos para cumplir con sus deberes. Ponemos como ejemplo la renovación del impuesto a la circulación de los vehículos de motor (las “placas”) y la creación del formulario de declaración única aduanera (DUA).
Es de igual modo válido que los bancos del Estado divulguen mensajes ofertando sus productos y servicios, o que los organismos de emergencia difundan avisos tendentes a que la población se proteja ante eventuales catástrofes, y que las agencias que sirven servicios públicos inviten a utilizarlos racionalmente, como es el caso del agua y la electricidad. Sin embargo, no hay manera de justificar que entidades del Estado que no prestan servicios comerciales ni industriales, o que no tienen ningún contacto con la población, ni invitan al ciudadano a cumplir un deber o a ejercer un derecho, gasten sumas millonarias en publicidad.
Por ejemplo, me pregunto qué hace la Empresa de Generación Hidroeléctrica con un anuncio, cuando es un monopolio del Estado que vende toda la energía que produce a las distribuidoras concesionadas en las 3 grandes zonas del país. Qué se busca, de igual modo, con un anuncio del Instituto Nacional de la Vivienda o con alguno del Congreso Nacional. No veo que en alguno de esos casos se cumpla con alguna función que beneficie a la ciudadanía.
Muchas veces se habla de que esos comerciales ayudan a posicionar a las instituciones gubernamentales o a mejorar su imagen. Sin embargo, en épocas como esta, sería preferible que los fondos “invertidos” por la OMSA (Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses) en decirle a la población que “e’ pa’ lante que vamos”, se inviertan en algo que realmente constituya un avance para el país, como sin duda es la deseable y progresiva conversión de los vehículos del Estado para que funcionen con gas natural comprimido, y no con diesel ni con gasolina.
Conviene que lo antes dicho sea tomado en cuenta, sin importar militancia política ni afinidad con el gobierno, pues de otro modo no habrá moral para quejarse de la debacle económica que podría sobrevenirle al país, si sus dirigentes continúan condiciéndose de modo irresponsable, evitando enfrentar los problemas que podrían resultar incómodos o impopulares, como sería el que ahora nos ocupa, dado el marcado interés de quienes hacen “opinión” en este tema, y en sus implicaciones.
Uno de los aspectos más desafortunados del manejo histórico y actual de los fondos públicos está relacionado con la publicidad de las diferentes dependencias del Estado Dominicano, que es utilizada en algunos casos, de manera irresponsable, para ganar la buena voluntad de medios de comunicación y periodistas.
No abogo aquí en pro de la supresión absoluta de la publicidad estatal. Sin embargo, propongo un análisis concienzudo de cada comercial de televisión, radio o prensa escrita, para determinar si es útil a nuestra sociedad realizar esa inversión, o si, por el contrario, la difusión de ese material no es más que otra manera de desangrar las expoliadas arcas de nuestra imperfecta nación caribeña.
Es comprensible, por ejemplo, que el Estado difunda las informaciones relativas a los nuevos trámites instituidos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos. En este renglón, no hay cuestionamiento a la labor de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas, cuando les informan a los contribuyentes la creación de formularios diferentes, que simplifican la liquidación de aranceles e impuestos, o cuando hacen de su conocimiento la existencia de lugares alternativos para cumplir con sus deberes. Ponemos como ejemplo la renovación del impuesto a la circulación de los vehículos de motor (las “placas”) y la creación del formulario de declaración única aduanera (DUA).
Es de igual modo válido que los bancos del Estado divulguen mensajes ofertando sus productos y servicios, o que los organismos de emergencia difundan avisos tendentes a que la población se proteja ante eventuales catástrofes, y que las agencias que sirven servicios públicos inviten a utilizarlos racionalmente, como es el caso del agua y la electricidad. Sin embargo, no hay manera de justificar que entidades del Estado que no prestan servicios comerciales ni industriales, o que no tienen ningún contacto con la población, ni invitan al ciudadano a cumplir un deber o a ejercer un derecho, gasten sumas millonarias en publicidad.
Por ejemplo, me pregunto qué hace la Empresa de Generación Hidroeléctrica con un anuncio, cuando es un monopolio del Estado que vende toda la energía que produce a las distribuidoras concesionadas en las 3 grandes zonas del país. Qué se busca, de igual modo, con un anuncio del Instituto Nacional de la Vivienda o con alguno del Congreso Nacional. No veo que en alguno de esos casos se cumpla con alguna función que beneficie a la ciudadanía.
Muchas veces se habla de que esos comerciales ayudan a posicionar a las instituciones gubernamentales o a mejorar su imagen. Sin embargo, en épocas como esta, sería preferible que los fondos “invertidos” por la OMSA (Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses) en decirle a la población que “e’ pa’ lante que vamos”, se inviertan en algo que realmente constituya un avance para el país, como sin duda es la deseable y progresiva conversión de los vehículos del Estado para que funcionen con gas natural comprimido, y no con diesel ni con gasolina.
Conviene que lo antes dicho sea tomado en cuenta, sin importar militancia política ni afinidad con el gobierno, pues de otro modo no habrá moral para quejarse de la debacle económica que podría sobrevenirle al país, si sus dirigentes continúan condiciéndose de modo irresponsable, evitando enfrentar los problemas que podrían resultar incómodos o impopulares, como sería el que ahora nos ocupa, dado el marcado interés de quienes hacen “opinión” en este tema, y en sus implicaciones.
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