Edward Veras-Vargas

En todos los países donde se encuentra vigente algún “derivado” de aquella norma “enlatada” denominada "Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica", lo común es que se legitime a la víctima para que acuse directamente, y sin la intervención del ministerio público, en aquellas infracciones relativas a los bienes jurídicos protegidos de menor jerarquía, y a los hechos de menor peligrosidad. Al listado de las 4 infracciones originales previstas por el Art. 32 del Código Procesal Penal (violación a la ley de cheques, violación de propiedad, difamación e injuria y violación a la ley de propiedad industrial), se le introdujo una modificación, pues en virtud de la Ley para la aplicación del DR-CAFTA (Ley No. 424-06, reformada) se le brinda a la víctima de infracciones en materia de marcas de fábrica, la opción de impulsar sus casos mediante acción pública o acción privada, a su sola discreción (Ver Art. 34 de la Ley 424-06, que modifica el Art. 32 del Código Procesal Penal). El p

El tema del aborto y su penalización acapara importantes cantidades de pulgadas cuadradas en la prensa escrita, cada vez que se discute el proyecto de Código Penal que se conoce en la Cámara de Diputados. Las iglesias se enfrentan a las entidades feministas y a ciertos sectores de la profesión médica, utilizando los más variados argumentos. No pretendo dedicar tiempo a ese enfrentamiento, sino a expresar mi particular punto de vista sobre un tema bastante controversial. Mi postura al respecto se parece bastante a la del maestro argentino Alberto Binder: El debate sobre la penalización o no del aborto es un debate moral, y no legal. Como católico, estoy convencido de que el aborto es moralmente inaceptable. No obstante, entiendo que el derecho penal no es un instrumento para la imposición de mis criterios religiosos, mis parámetros morales ni mis escrúpulos, frente a todos los que disientan de mi apreciación. Sin embargo, tampoco hay duda de que la mayoría de personas en nuestra socied

Desde hace ocho años sigue su agitado curso por nuestras cámaras legislativas un juicioso y bien ponderado proyecto de modificación del Código Penal, preparado por una comisión de juristas designados por el Poder Ejecutivo. Parte del debate que ha suscitado su conocimiento es la definición del tipo de sanciones que reclama nuestra sociedad en contra de los infractores de la ley penal, estando la opinión pública de acuerdo con un "endurecimiento". Por ello la discusión gira en torno a dos opciones enunciadas en el título: penas definitivas Vs. penas largas. La decisión relativa a la duración de la pena a imponer debería estar ligada, necesariamente, al tiempo precisado para que se cumplan las funciones de la pena. No obstante, respecto de esas funciones que estaría llamada a cumplir la pena, la doctrina se encuentra lejos de la posibilidad de llegar a una posición unánime, y del todo convincente. Por ejemplo, para Zaffaroni todas las teorías positivas de la pena son falsas: la

El mundo vive momentos marcados por una crisis financiera y un repunte de los gastos en energía que, a mi modo de ver, se encuentran íntimamente relacionados, y que no se resuelve en los días inmediatos que suceden el desplome de los precios del crudo. Al menos en lo que a nuestros bolsillos concierne, un entorno de “sequía” financiera nos afecta más en la medida que requerimos más efectivo para llenar el tanque de combustible de nuestros vehículos y plantas eléctricas, para pagar la factura de electricidad, o simplemente para pagar el costo del transporte de pasajeros o de carga; y todo esto a pesar de que los precios del petróleo se están desplomando. Miles de familias exploran alternativas energéticas que les permitan “estirar” el presupuesto. Hace muchos años que presenciamos una industria dedicada a “migrar” hacia Gas Licuado de Petróleo (GLP) los automóviles diseñados para funcionar con gasolina. Recientemente se producen “amagos” de incorporar el Gas Natural Comprimido (GNC) com

Érase una vez cuando los bancos prestaban dinero con la sana intención de ganar un interés y de recuperar su capital, financiando la adquisición de los bienes requeridos para cubrir o satisfacer las necesidades humanas. Érase una vez cuando el reembolso del capital y el pago de los intereses era la fuente de ingresos de las instituciones financieras. Érase una vez cuando el valor de la garantía hipotecaria superaba entre un 10% y un 20% la cifra máxima a financiar para la adquisición de una vivienda. Sin embargo, ese “cuento de hadas” cambió abruptamente cuando los hombres de negocios decidieron que en lo adelante el préstamo de dinero no solo tuviera como objeto ganar un interés y recuperar el capital. En lo adelante, el préstamo se convertiría (a través de la titularización) en un objeto de especulación en sí mismo, que sería comercializado en los mercados financieros, y adquirido por personas que no tienen ningún contacto con el deudor, aunque se benefician de la garantía hipotecari

Era el año de 1998. Atrás quedaban varios años durante los cuales conductores y pasajeros habían padecido de lodazales, desvíos, precipicios, etc. La autopista Duarte era reinaugurada, y el resultado parecía “insertarnos en la modernidad”. Al menos dos carriles de ida y dos de vuelta, que a veces se extienden hasta a cuatro, además de un pavimento perfecto y profusamente señalizado, nos hacían sentir que “estábamos en otro país” y nos invitaban a desplazarnos sintiéndonos seguros y plácidos. Aún durante la noche, dada la correcta iluminación, conducir por la única autopista nacional que merecía ese apelativo era una nueva y deleitante experiencia. Se había superado la condición de “avenida inter-urbana”, que atravesaba La Vega, Bonao y Villa Altagracia, para tener en lo adelante una vía que bordeaba esas localidades. Sin embargo, nuestra colectiva afición por la conducta del cangrejo pudo más que el afán de modernidad de algunos ciudadanos, y diez años después contemplamos impávidos có

Hablar del reclamo del “Colegio” Médico Dominicano por el “merecido” aumento salarial en beneficio de sus colegas que prestan servicios en el sector público parecería una necedad, pues se trata de un tema que no ha dejado de estar en la palestra, desde el ascenso a la presidencia del “gremio” de los profesionales de la salud del inefable doctor Waldo Ariel Suero, hasta la fecha. Parece que se “llueve sobre mojado” cuando se recrean peticiones como la de un aumento del 100% para los médicos que prestan servicios en el sector público, cuando se afirma irreverentemente que “con el juramento hipocrático no se va al supermercado”, o cuando recordamos las múltiples e inoportunas convocatorias a marchas, “huelgas” (expresadas en la paralización de centros públicos de salud) y huelgas de hambre, como la que ocupó un inmerecido espacio en la prensa, durante la semana pasada. Las “reivindicaciones” del Colegio Médico deben ser analizadas juiciosamente por la ciudadanía, con sentido crítico, tant

El mundo sufre cada día las consecuencias una profunda crisis financiera, causada por los altos costos de la energía y por la explosión de la burbuja especulativa con las hipotecas basura o “sub-prime”. Dentro de esa crisis y sus secuelas, cabe destacar el desgano con que algunas de nuestras autoridades se conducen, dando la espalda a la realidad antes descrita, que impone una cultura del ahorro y un uso racional de los recursos del Estado. Uno de los aspectos más desafortunados del manejo histórico y actual de los fondos públicos está relacionado con la publicidad de las diferentes dependencias del Estado Dominicano, que es utilizada en algunos casos, de manera irresponsable, para ganar la buena voluntad de medios de comunicación y periodistas. No abogo aquí en pro de la supresión absoluta de la publicidad estatal. Sin embargo, propongo un análisis concienzudo de cada comercial de televisión, radio o prensa escrita, para determinar si es útil a nuestra sociedad realizar esa inversión

Con febril entusiasmo, sectores muy bien intencionados de la prensa, al igual que legisladores y otros servidores públicos, exigen medidas extraordinarias para frenar el auge que ha tomado en nuestra media isla una nueva modalidad para introducir estupefacientes: el “bombardeo”. A través de este mecanismo, los temerarios narcotraficantes violan nuestro espacio aéreo a bordo de aeronaves civiles, y volando al ras del suelo para evitar los radares, dejan caer droga en pacas que son recogidas por sus cómplices en tierra, quienes se encargan de organizar el próximo trayecto del nocivo producto ilícito, que usualmente está destinado a los Estados Unidos o a Europa. En la búsqueda de una respuesta, el Estado dominicano se apresta a la adquisición de nuevos aviones de guerra (Los famosos 8 Súper Tucanos, fabricados por Embraer, en Brasil), con la marcada intención de proteger el territorio nacional de esas incursiones clandestinas. Haciendo abstracción de la crítica hecha por el Senador de Sa

La crónica policial de la prensa dominicana es un parámetro más o menos objetivo que nos permite arribar a una conclusión que todo el mundo sospecha y proclama: la delincuencia “campea por sus fueros” en nuestro país, y los esfuerzos de nuestros órganos encargados de la prevención y persecución del delito no parecen estar en condiciones de dar la respuesta contundente que nuestra sociedad reclama contra el “flagelo de la delincuencia”. Si bien lo anteriormente dicho constituye una “verdad de Perogrullo”, su proclamación suele acompañarse de una afirmación que parte de una premisa totalmente falsa: “la culpa es del ‘nuevo’ Código Procesal Penal". No solo es falsa esa afirmación por llamarle nueva a una norma jurídica votada en el año 2002, sino porque, como lo sugiere el intitulado de estas breves líneas, el problema no es la norma jurídica utilizada para investigar y hacer enjuiciar los ilícitos penales, sino la cultura de los operadores del sistema en general (jueces, fiscales, a